El Problemático Cómputo de Plazos en Vía Administrativa.

Pese a ser conocido entre los profesionales del Derecho el contenido del artículo 48 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/1992)  respecto del cómputo de los plazos administrativos; continúa siendo una constante problemática la interpretación de su régimen jurídico, ya que se continúan interponiendo recursos en sede contencioso administrativa con motivo de la inadmisión de escritos y recursos administrativos por extemporáneos.

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Para abordar el problema, la reciente  Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2013 ha intentado atajar la problemática interpretación del citado artículo, sobretodo en lo que respecta al fragmento que reproducimos a continuación respecto del cómputo de plazos fijados en meses o años:

Artículo 48 Ley 30/1992: “(…) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que se tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes (…)”.

Tal y como establece la referenciada Sentencia, existen dos elementos importantes a tener en cuenta a la hora de comprender el sistema de plazos administrativo recogido en el artículo 48 Ley 30/1992. Por una parte, el plazo se computa a partir del día siguiente; y por otra parte, finaliza en el día equivalente del mes en que tenga lugar el vencimiento.

Tomando como ejemplo el caso concreto del que se tuvo conocimiento en la Sentencia, se recibió una notificación administrativa en fecha 14 de marzo, disponiendo del plazo de un mes para recurrir dicho acto. Su recurso fue inadmitido por extemporáneo ya que fue presentado el día 15 de abril.

El Alto Tribunal confirma la extemporaneidad de dicho recurso, ya que si el acto administrativo susceptible de recurso en el plazo de un mes fue notificado en fecha 14 de marzo, el cómputo del plazo comenzó el día 15 de marzo, y finalizaba el día 14 de abril, con arreglo a lo anteriormente comentado respecto del inicio del cómputo al día siguiente de la notificación y finalizando en el día equivalente en el mes de vencimiento.

Cuestión también importante fue la alegación por parte del actor en sede judicial respecto de la supletoria aplicabilidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente el artículo 135.1 LEC. Dicha posición fue totalmente descartada por el Tribunal Supremo en la medida en que se está analizando el cómputo de plazos administrativos y no procesales, y “la regla de la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece la disp. adic. 1ª LJCA no puede trasladarse a las reclamaciones económico-administrativas”.

Esperando que este post haya sido de vuestro interés y utilidad, quedamos a vuestra disposición en nuestra página web: Portilla Arnáiz Abogados.

Aprovechamos igualmente la ocasión para informaros de que D. Roberto Portilla Arnáiz, socio director de esta Firma, tendrá el gusto de conceder unas conferencias jurídicas el próximo día  10 de febrero, sobre “Situaciones de Insolvencia de Personas Físicas y Jurídicas. Soluciones”la cual tendrá  lugar a las 20.00 horas en el Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos, C/ Manuel de la Cuesta, 3 de  Burgos.