La Pasividad del Acreedor con Mala Fe Contractual con el Fin de Exigir una Mayor Cantidad de Intereses Moratorios.

La existencia de una deuda entre diversos jurídicos legitima al acreedor/es a ejercitar las acciones que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para exigir la regularización de la deuda. A dichas acciones le son atribuidos distintos plazos de prescripción, según el origen de la deuda, tras los cuales el acreedor se ve impedido a reclamar la cuantía a la cual estaba legitimado hasta ese momento.asesoria

La presente entrada irá destinada a analizar como-sorprendentemente- la pasividad del acreedor a la hora de ejercer las acciones civiles que le son asignadas puede derivar en perjuicio del deudor, de forma más incisiva aún que reclamar las cantidades adeudas en el momento de originarse la deuda.

A este respecto se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Castellón 170/2013 de fecha 19 de abril de 2013. En dicha resolución, se apreció la prescripción del plazo de quince años que le era concedido al acreedor para reclamar la deuda devengada con motivo de la celebración de un contrato de préstamo; prescripción tras la cual, el acreedor sólo tiene la posibilidad de reclamar los intereses moratorios devengados desde el momento en que surgió la deuda.

Sobre éste último aspecto es sobre el que queremos centrar nuestra atención, puesto que lo que encontramos verdaderamente interesante es la privación por parte de la Audiencia al acreedor a exigir incluso dichos intereses moratorios devengados a lo largo del plazo de quince años, por entender que el acreedor ha obrado con mala fe contractual, permitiendo que el largo transcurso de tiempo fuera incrementando la suma de las cantidades que serían susceptibles de reclamación en concepto de intereses moratorios, hasta el punto de triplicar dichas cantidades al principal adeudado. Por tanto, el transcurso del plazo de prescripción para exigir el pago de una deuda ha de entenderse como una moneda de dos caras, en la medida en que no sólo es un plazo de garantía para que el acreedor procure sus intereses, sino un transcurso de tiempo gravoso para el deudor. En la medida en que pueda apreciarse que la deliverada e intencionada inactividad del acreedor responda a su intención de obtener un beneficio extra a la deuda fente a la cual está legitimado, se traduciría en la apreciación de mala fe contractual.

Esperando que este post haya sido de vuestro interés y utilidad, quedamos a vuestra disposición en nuestra página web: Portilla Arnáiz Abogados.

Aprovechamos igualmente la ocasión para informaros de que D. Roberto Portilla Arnáiz, socio director de esta Firma, tendrá el gusto de conceder unas conferencias jurídicas el próximo día  10 de febrero, sobre “Situaciones de Insolvencia de Personas Físicas y Jurídicas. Soluciones”la cual tendrá  lugar a las 20.00 horas en el Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos, C/ Manuel de la Cuesta, 3 de  Burgos.