El Perjuicio por el Ruido de Aviones no es Suficiente para la Vulneración del Derecho a la Integridad Física.

La contaminación acústica supone una frecuente molestia, sobretodo en la medida en que ésta ha de ser padecida por un ciudadano en su domicilio de forma continuada y soportando ruidos de notable consideración. 

El umbral de ruido que puede ser permitido a los efectos de no causar graves molestias a un vecino se mide objetivamente por una determinada cifra de decibelios que se prohíbe rebasar, y que puede ser fácilmente contrastada por los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que acudan ante la llamada de un vecino.

Al hilo de esta problemática, resulta muy interesante el contenido de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 31 de marzo de 2014, que conocía la reclamación de un vecino por los daños padecidos como consecuencia de los ruidos causados por el sobrevuelo de naves en su vivienda.

Con motivo de determinar el bien jurídico que se protegería en caso de estimar dicha reclamación, el Alto Tribunal establece una relevante distinción entre el derecho a la integridad física y el derecho a la salud.

El derecho a la vida y a la integridad física es un derecho fundamental constitucionalmente reconocido en el artículo 15 de la Constitución española. Por su parte, el derecho a la salud es un concepto de creación legal, y ambos sólo podrían coincidir en el caso de que la agresión a la salud ponga en peligro la integridad física o la vida del ciudadano.

En virtud de dicha diferenciación, el Alto Tribunal rechaza la existencia de una responsabilidad de las administraciones públicas al entender que no se ha acreditado un daño lo suficientemente relevante como para entender afectado el derecho fundamental a la vida y a la integridad física.

No se niega, sin embargo la existencia de inconvenientes ocasionados al ciudadano con motivo del ruido de los aviones, sin embargo, no  se acredita suficientemente a juicio del Tribunal Supremo, que estas afecciones no hayan sido consecuencia de otros factores que subjetivamente influyen de distinta manera en unos individuos respecto a otros.

Como conclusión, resulta relevante destacar la ausencia de automática traducción entre perjuicio ocasionado y violación de derechos del ciudadano, sino que ha de reforzarse la prueba de la relación causal efecto-daño cuando el derecho protegido que se pretenda evidenciar como vulnerado se corresponda con alguno de los derechos fundamentales reconocidos con tal condición en la Constitución española.

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