El Empadronamiento como herramienta de prevaricación para conseguir votos

Como es bien sabido, la realidad de las cosas va por delante del Derecho, como es sabido también que aquellos cuyo ánimo de conseguir un objetivo injusto, conducen sus acciones entre los entresijos de los conceptos jurídicos. De esta forma, una acción administrativa legítima y obligatoria como es el empadronamiento, puede convertirse fácilmente en el utensilio de un Alcalde prevaricador cuyos métodos van encaminados a toda costa a la consecución de sus fines políticos.

Nos referimos al supuesto de hecho que ha tenido la oportunidad de conocer la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, en Sentencia de 14 de octubre de 2013. A lo largo de la misma, la Sala examina el método por el cual el Alcalde de la localidad burgalesa de Quintanavides indujo a diversos ciudadanos residentes en otras localidades a empadronarse de manera temporal en dicho municipio a los efectos de votar en un determinado sentido en la Asamblea vecinal del concejo abierto de la localidad, donde se decidiría sobre la instalación de una cantera.

A priori, existe una actitud activa por parte del Alcalde en promover el empadronamiento de ciudadanos cuyo domicilio real era distinto, creando una apariencia de vecindad urdida a los solos efectos de favorecer el interés político del Alcalde. Estas acciones no llevan sino a estimar por parte de la Sala, en ratificación de la sentencia del juzgado aquo, la existencia de un delito de prevaricación y delito electoral.

Es importante destacar que en lo que respecta al delito de prevaricación, éste ha de ser entendido en su modo de comisión por omisión, en la medida en que no dictó resolución municipal pertinente respecto de la alteración del Padrón y es que, a mayor abundamiento, dicha alteración fue inducida por él mismo para la consecución de sus propios intereses políticos.

Encontramos interesante destacar, como apuntábamos en un principio, que no son escasas las ocasiones en las que podemos encontrar la comisión de delitos empañados o mejor, disfrazados, de legalidad que sólo contienen el ánimo de conseguir fines ilícitos rechazados por el Ordenamiento jurídico, lo cual es más reprobable aún cuando comprometen la importantísima responsabilidad, a veces desafortunadamente olvidada, de los Alcaldes de pequeños municipios, los cuales se ven quizá eximidos de culpabilidad cuando los fines propuestos a conseguir es una mera decisión respecto de la creación de una cantera.

Esperando que este post haya sido de vuestra utilidad, quedamos a vuestra disposición en nuestra página web: Portilla Arnáiz Abogados