La comunicación de Créditos Concursales por acreedores extranjeros.

¿Despliega todos sus efectos jurídicos la publicación de Concurso de Acreedores de una empresa en Boletín Oficial del Estado para los créditos en el extranjero? ¿Les afectaría a dichos acreedores extranjeros el dies aquo contemplado en el artículo 21.1.5º de la Ley Concursal?  A priori, ambas preguntas dejan lugar a duda sobre la respuesta que será finalmente dada; puesto que la posición del acreedor concursal extranjero muestra ciertas peculiaridades prácticas, como puede ser la dificultad del idioma a la hora de consultar el Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE), o siquiera el hecho de consultarlo.

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Pese a dichas dificultades, la doctrina jurisprudencial se ha pronunciado al respecto, estableciendo el sometimiento del acreedor extranjero a las disposiciones procesales en materia concursal como si de un acreedor se tratara. Una de las sentencias más recientes al respecto ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 27 de septiembre de 2013, recurso 353/2013. En la misma, la Audiencia estudiaba los argumentos jurídicos alegados por la parte recurrente respecto al sometimiento de los acreedores extranjeros al mencionado dies aquo previsto en el artículo 21.1.5º, cuyo tenor reproducimos a continuación:

Artículo 21.15.º Ley Concursal: «El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23″.

La Sentencia pone de manifiesto que no existen disposiciones jurídicas algunas que pudieran eximir al acreedor concursal de su sometimiento a esta o cualquier otra disposición procesal en nuestro ordenamiento jurídico sino que, al contrario, recuerda lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual recoge el principio de territorialidad de las normas procesales civiles, aplicables a todos los procedimientos civiles que hayan de conocerse en territorio nacional, como más concretamente prescribe el artículo 200 de la Ley Concursal respecto de la regla general del sometimiento a la ley española del proceso concursal.

En virtud de lo expuesto, y pese a las dificultades que entraña la conducir la reclamación de la deuda por parte de ciudadanos extranjeros por los cauces procesales de un ordenamiento jurídico desconocido, ha de tenerse presente el principio de territorialidad de dichas normas procesales y, en consecuencia, someterse a las mismas. No obstante lo anterior, es importante recordar lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Concursal respecto de la obligación de los administradores concursales de informar una vez declarado el concurso de esta situación a aquellos acreedores que figurasen en la contabilidad del concursado, de cuyos datos obrantes en poder de la concursada se deduzca su residencia habitual en el extranjero.

El primero de los requisitos, es decir, la obligación de dar traslado a aquellos ciudadanos extranjeros cuyas deudas figurasen en la contabilidad del /la concursada, no es una cuestión baladí, puesto que dichos créditos no tienen por qué incluir aquellos cuyo título de legitimación sea una sentencia o laudo extranjeros, que serán objeto de ejecución en territorio nacional mediante exequator según dispone al respecto la legislación internacional, más concretamente el Convenio de reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de Nueva York, de fecha 10 de junio de 1958.

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