Delimitación de Arbitrariedad de la Alcaldía en la expulsión de un miembro del Pleno.

Es comúnmente aceptada la legitimación del Alcalde de un municipio de proceder a la expulsión de la sala de un miembro del Pleno municipal en base a razones de orden público y de no interferencia en la sesión. profesionales

Sin embargo, esta potestad muestra una gran problemática en la medida en que se sustenta sobre conceptos jurídicos indeterminados, como son los mencionados orden público o la prioridad de no interferencia en la sesión.

Para concretar y cercar aún más dicha potestad, hemos encontrado sumamente interesante comentar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 25 de febrero de 2014.

En ella, se analiza el caso de un Alcalde que procedió a la expulsión de un concejal que escogió la particular fórmula de acción política de renunciar a participar en la sesión del Pleno del Ayuntamiento, decidiendo en su lugar situarse en la zona reservada al público asistente, y grabar la sesión con una cámara.

La prohibición de grabar el Pleno como causa de expulsión del concejal no se haya justificadamente ligada a la preservación del orden público, puesto que no existe una causalidad demostrada entre la filmación de la sesión plenaria y la interferencia a la misma, ya que una filmación silenciosa del concejal desde el espacio reservado al público no implica en sí mismo una alteración del orden que imposibilite la celebración del Pleno.

En este sentido, llama la atención que además de resultar un acto totalmente arbitrario por parte del Alcalde que acuerda la expulsión infundamentada del concejal, se aprecia así mismo una flagrante vulneración de la libertad de información que contempla el artículo 20 de la Constitución española.

Artículo 20 Constitución española: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

Las conclusiones que podemos sacar de esta delimitación aportada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es, a nuestro juicio, que la preservación del interés del Pleno, bajo responsabilidad del Alcalde, ha de ser necesariamente defendido por éste en casos en que se vea alterado el orden público o se interfiera en su celebración.

Esta facultad que, no olvidemos, es también obligación dada la importancia y trascendencia de la celebración del Pleno municipal, ha de ser no obstante fundamentada en todo momento, debiendo apreciarse una verdadera amenaza al éxito de la celebración plenaria. De no ser así, una expulsión de la sala puede traducirse en una actuación arbitraria que pudiera afectar a otros derechos fundamentales, como ha sido en el caso que hemos tenido oportunidad de analizar.

Esperando que este post haya sido de vuestro interés y utilidad, quedamos a vuestra disposición en nuestra página Web: Portilla Arnáiz Abogados.