Acoso a una profesora por dos alumnos menores

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado las medidas impuestas por el Juzgado de Menores nº 1 de Alicante a dos acusados menores como autores de un delito de trato degradante del art. 173.1 CP, consistentes en un año de libertad vigilada y 40 horas de trabajo en beneficio de la comunidad -a la primera acusada- y 8 meses de libertad vigilada y otras 40 horas de trabajos comunitarios -al segundo-.

Según el factum, ya con anterioridad a los hechos enjuiciados, la primera menor había utilizado en el año 2011 las redes sociales para insultar a la docente, archivándose las diligencias incoadas por desistimiento de la profesora.

Fue algo más tarde, durante 2013 y 2014 cuando la menor expedientada –única recurrente- llevó a cabo cinco actos concretos que implican un trato degradante hacia la perjudicada, que había sido profesora de aquélla, tratándose de actos que se han prolongado en el tiempo. Uno de ellos consistió en realidad en un conjunto de actos relativos a treinta y tres llamadas de teléfono emitiendo gritos o balbuceos realizadas con ánimo de menoscabar su paz y tranquilidad; otro consistió en insultos en la calle en presencia de terceras personas; otro relativo a la realización, junto con el coacusado, de distintas pintadas insultantes en varias zonas del centro educativo; un cuarto acto presentándose ante las puertas de la Guardia Civil donde la víctima se encontraba para denunciar desperfectos que había sufrido su coche, pasando en varias ocasiones por la puerta del cuartel, gesticulando con los brazos y aludiendo a los hechos, debiendo intervenir los agentes; y finalmente exigir a un menor de 11 años, bajo la amenaza de pegarle, que hiciera en el polideportivo, con tiza, insultos hacia la profesora.

A la vista de ello, asevera la Sala que no cabe duda de que todos estos hechos suponen actos vejatorios que deben ser incardinados en el concepto de trato degradante, y que han menoscabado gravemente la integridad moral de la denunciante, tanto por su contenido, como por la duración en el tiempo y la exposición pública, en algunos casos, dirigidos en contra una profesora, evidenciándose que el propósito de la menor expedientada era el de maltratarla y perjudicarla, pudiendo representarse el daño psíquico y moral que con sus acciones se causaron a la perjudicada.

Considera además que existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, correctamente valorada por el tribunal a quo.

En relación a la penalidad impuesta, aduce la Audiencia que, de todas las medidas que pudieran haber sido interesadas, la de libertad vigilada no es de las más restrictivas de derechos, por el contrario, en este caso, resulta adecuada a las circunstancias concurrentes, pues concurren factores de riesgo de comisión del delito y de su reiteración y naturaleza, siendo preciso un seguimiento y una valoración psicológica de la menor. Por ello estima que las medidas impuestas son proporcionales a los hechos y además resultan convenientes en interés de la propia expedientada, conforme al art. 7.2 de la LORPM.

Finalmente, y respecto a la responsabilidad ex delicto, se confirma la indemnización de 5.000 euros por los daños morales sufridos, que asumen los menores en cuotas de 70% y 30% en función de su grado de participación en los hechos.

La gravedad de los hechos en sí mismos considerados, la exposición de los insultos a la vista de gran número de personas y de menores del centro educativo, la circunstancia de que se vertieran contra una profesora, lo que conlleva también un desprecio a su autoridad, la reiteración y la prolongación en el tiempo, son susceptibles de causar un sentimiento de humillación, angustia y malestar, que hacen obligada la indemnización de los perjuicios y el daño moral causado -concluye la Sala-, estimando que la suma fijada en la sentencia de instancia es razonable, ajustada y proporcional.

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