La orden de expulsión como medida accesoria a una pena de privación de libertad

La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 13 de julio de 217 se ha pronunciado sobre la adopción de la orden de expulsión como medida accesoria a la pena privativa de libertad cuando se acredite una conducta que constituye una amenaza real y actual para el interés fundamental de la sociedad de un estado miembro. Debe señalarse que la pena de prisión no impide adoptar una resolución de expulsión del estado miembro de acogida cuando se cumplan tales condiciones. Pues bien, esta es la interpretación que el Tribunal de Justicia da sobre la Directiva 2004/38, la cual contempla la posibilidad de que el Estado de acogida emita una orden de expulsión como medida accesoria a una pena de privación de libertad cuando se acredite que la conducta del penado supone una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad de los Estados miembros.

España, apoyada en razones de seguridad pública, dictó una resolución de expulsión de un condenado a 12 años de prisión por continuados delitos de abusos sexuales sobre menores, apoyándose en un informe psicológico emitido por el centro penitenciario, y a la situación familiar y económica del interesado en el Estado miembro de acogida. A pesar de que el tribunal remitente consideró que la conducta por la que el sujeto está encarcelado es lo suficientemente grave como para ser calificada de amenaza para la seguridad pública, se debate si la expulsión es compatible con la Directiva 2004/38, ya que aún le restan varios años de condena antes de obtener la libertad.

Para el TJUE la respuesta fue afirmativa. La Directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, permite que éstos limiten el derecho de residencia, entre otras, por razones de orden público o de seguridad pública, y esta reserva de orden público, como excepción al derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión, cede ante un delito de explotación sexual a menores. Siendo estos delitos, un menoscabo especialmente grave de un interés fundamental de la sociedad.

Como conclusión a todo lo expuesto puede señalarse que el hecho de que una persona esté encarcelada, no se excluye que su conducta pueda ser considerada como una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad, a los efectos de la aplicación de la excepción al derecho de residencia.

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