Las injurias en las redes sociales

Las injurias leves en las redes sociales.

Tras la sustancial reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 sólo son penalmente perseguibles las injurias leves como delito leve, cuando el ofendido esté ligado al autor por alguna relación familiar, de parentesco, convivencia o dependencia de entre las que se relacionan en el art. 173-2 del CP por así establecerlo el tipo penal del art. 173-4 tras la despenalización de la falta de injurias del antiguo art. 620-2ª.

Actualmente nos encontramos con que los insultos y las expresiones vejatorias vertidas en redes sociales, como Facebook o Twitter, se está convirtiendo en algo bastante actual. Por ello, vamos a proceder a exponer a continuación cuales son los límites de la libertad de expresión, cuando entra en colisión con el derecho al honor, el cual protege la reputación personal, entendida como la precisión que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descredito de aquella.

Sobre esta circunstancia se ha pronunciado el pasado27 de diciembre de 2017 la Audiencia Provincial de Barcelona, cuando se probó que una persona había publicado en su muro de Facebook insultos, expresiones vejatorias y juicios de valor que excedían los límites de lo que permite la libertad de expresión, puesto que calificaba al actor de cocainómano, cleptómano, deleznable y envidioso. La publicación también contenía otras imputaciones tales como que había “timado a una compañía de seguros”.

La Audiencia consideró que las expresiones y manifestaciones contenidas en la carta no se encontraban amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, y por tanto, que era de aplicación el art. 9.3 de la Ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, el cual establece que la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima.

La indemnización se extiende al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tiene en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.

En primera instancia se estableció una indemnización de 500 euros, sin embargo, la Audiencia considera que esta indemnización es simbólica, e indica jurisprudencia del Tribunal Supremo de sentencias tales como la nº 696/2014, y la nº 386/2011 de 12 de diciembre, en la que se señala que no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la Constitución Española como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el contenido de los artículos 9.1,1.1 y 53.2 de la Constitución Española y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego.

Así, teniendo en cuenta que el demandado tenía 238 amigos en Facebook, y las sumas que se viene concediendo por intromisiones de esta naturaleza EL Tribunal Supremo, finalmente se fijó una indemnización por daño moral de 4.000 €.

Por otro lado, la indemnización por el daño patrimonial que pretendía el actor fue desestimada. El actor alegaba que, como consecuencia de la publicación en Facebook, había perdido 75 “amigos” en la red social, y consideraba que cada uno de ellos podría haberle solicitado sus servicios profesionales durante al menos una hora, pero que, a raíz de la publicación, ya no lo van a hacer. La audiencia lo desestima, argumentando que tendría que acreditarse razonablemente esa pérdida de contactos del actor en Facebook, y que cada persona que aparece en la red social como amistad solicitaría una hora de consulta con el actor al precio que este indica.

En otras sentencias, relativas también a insultos vertidos en redes sociales cuando son de carácter público y tienen un mayor alcance por el número de personas que pueden tener acceso a ello, también se ha pronunciado indicando como condena a los demandados la publicación a su cosa del encabezamiento y fallo de la sentencia en periódicos de información general (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara de 20 de junio de 2017).

En el caso de que sean menores quienes insultaran a profesores en las redes sociales, puede ser declarada la responsabilidad de los padres, por no actuar con la diligencia exigible al no imponer ninguna pauta a su hijo ni ejercer control de los dispositivos técnicos que ha proporcionado; y del colegio, por no haber adoptado solución alguna cuando los profesores hayan comunicado situaciones de indisciplina en clase, propiciadas por la actuación del concreto menor, ni haya implantado normas de uso de los dispositivos técnicos (Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 27 de mayo de 2016).

Relevancia penal

Pero en la actualidad, el uso indebido de las redes sociales también ha adquirido relevancia penal, y no solo dentro del ámbito de posibles injurias graves y constitutivas por tanto del delito contemplado en los art. 208 y 209 del Código Penal.

La publicación en redes sociales (en Twitter es bastante frecuente) de «tuits» vejatorios y humillantes, de tal manera que sobrepasen las fronteras de lo tolerable, puede ser castigado por la vía penal.Así lo entendió por ejemplo la Audiencia Nacional en la Sentencia nº 25/2017, de 11 de Diciembre, al condenar a dos internautas por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas (art. 578 CP)por publicar en la red social Twitter mensajes altamente ofensivos para la madre de una víctima de los atentados del 11-M, además Presidenta de la «Asociación 11-M Afectados del Terrorismo». Considerando el Tribunal Supremo, que en estos casos, ni la ironía, la provocación o el sarcasmo, en ningún momento pueden hacer viable una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad.

Y al hacer referencia al delito de enaltecimiento, no podemos sino también reseñar el delito de autoadoctrinamiento, cuyo elemento objetivo consiste en el acceso habitual a internet o la tenencia de documentos dirigidos o que resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines, y su elemento subjetivo consiste en la finalidad de capacitarse para cometer cualquier delito de terrorismo.

Esperando que este post haya sido de vuestro interés y utilidad, quedamos a vuestra disposición en nuestra página Web: Portilla Arnáiz Abogados.