La cancelación de los datos inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

La Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, concede a los Estados la facultad de implementar medidas suplementarias, como ha hecho precisamente España con el registro de delincuentes sexuales. En la fecha de la comisión de los hechos y en la fecha en la que se extinguió la responsabilidad del menor, la norma vigente era el RD 232/2002, que regula el Registro de Sentencias sobre Responsabilidad Penal de los Menores, y que taxativamente indica que, para la cancelación de los datos, es necesario que hayan transcurrido diez años desde que el menor hubiera alcanzado la mayoría de edad.

No es acertado el planteamiento del solicitante cuando sostiene que nunca debió figurar inscrito en el Registro de delincuentes sexuales, por ser una medida que excede de lo previsto en la Ley Orgánica de Responsabilidad de los Menores. Sin embargo, como ha subrayado la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, en la Sentencia de 18 de Mayo de 2018, no existe exceso normativo, ni tampoco se está aplicando una disposición retroactiva. Es más, existe una habilitación de carácter legal que ha abierto el camino a la creación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales, que recoge información ya existente en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de sentencias firmes de responsabilidad de menores.

Las normas justifican la permanencia del solicitante en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, al amparo de su precedente inmediato, la D.A. 3ª LO 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y al amparo del RD 232/2002, que regula el Registro de Sentencias sobre Responsabilidad Penal de los Menores, vigente en la fecha de la comisión de los hechos.

Así, la Audiencia Nacional no admite el carácter discriminatorio de la medida, ni que ésta suponga que, a menor edad al tiempo del delito, mayor será el tiempo de constancia de la medida en el Registro, porque el periodo de 10 años desde la mayor edad se aplica a todos los menores con un límite legal que se fija en la edad de 28 años, como fecha de cancelación cualquiera que sea la edad de comisión del delito, fecha en la que se entiende adquirida la madurez, por lo que no existe la desigualdad denunciada.

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