La publicación de fotografías de unos alumnos sin su consentimiento para publicitar unos cursos de socorrismo vulnera el derecho a la propia imagen

La visión tradicional del derecho a la propia imagen tiende a configurarlo como una manifestación del derecho a la intimidad. El valor o bien jurídico protegido se delimita del ámbito personal, en su vertiente corporal, la imagen de la persona (su aspecto físico) en cuanto pueda calificarse de intimo o reservado, en conexión a su dignidad personal.

En su evolución jurisprudencial, este derecho, se caracteriza como un derecho autónomo, abstracción hecha de su intimidad o reputación afectada, siendo mas importante el consentimiento de la persona.

En su dimensión normativa, como derecho fundamental – art. 18-1  Constitución  – de configuración legal,  art. 2º   L.O. 1/1982, de 5 de mayo, el cual establece que, “1.- La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las Leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”.

No hay intromisión ilegítima cuando el titular del derecho hubiere otorgado su consentimiento expreso -ap. 2-; requisito que se desprende como sustancial para apreciar la legitimidad o no de la intromisión.

Según el art. 7 de la Ley mencionada, hay intromisión ilegítima, 5, por la “captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el art. 8º, 2.”.

Pues bien, en relación a este marco normativo, el Tribunal Supremo,  Sentencia 18 mayo 2007, declara, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, que este derecho fundamental atribuye a su titular la facultad de evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de toda persona, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. Impide no sólo la obtención, sino también la publicación o reproducción por un tercero de una imagen que contenga los rasgos físicos que permitan reconocer su identidad.

En el caso que ahora examinamos se tomaron fotografías a unas personas que estaban realizando un curso de socorrismo, y se utilizaron en unos carteles que publicitaban la oferta de los mismos.

En primer lugar, para identificar la legalidad de las fotografías tomadas, y ver si respetan o no el derecho a la propia imagen hay que examinar, si fueron tomadas en un lugar público o privado, teniendo la carga de la prueba de que se trata de un recinto privado en el que se tomaron las fotos corresponde a la parte actora, en segundo lugar, debe destacarse que el consentimiento a la toma de fotos no comporta el consentimiento a la difusión o publicación de las mismas. Por otro lado, basta con la posibilidad objetiva de su identificación por las personas que conozcan a la efigiada en la imagen utilizada; en la medida que permita su reconocimiento, aun no apareciendo identificable y reconocible con toda claridad en los rasgos y características de la integridad de su fisonomía; siendo indiferente el mayor o menor número de personas que pueden identificar o reconocer a las personas efigiadas; basta que llegue a los ámbitos mencionados.

Basta con la posibilidad objetiva de su identificación por las personas que conozcan a la efigiada en la imagen utilizada; en la medida que permita su reconocimiento, aun no apareciendo identificable y reconocible con toda claridad en los rasgos y características de la integridad de su fisonomía, que cita la parte apelante-; siendo indiferente el mayor o menor número de personas que pueden identificar o reconocer a las personas efigiadas; basta que llegue a los ámbitos mencionados.

La utilización de las imágenes en los carteles se hizo con una finalidad publicitaria y para captar personas para los cursos que publicitaban, lo cual constituye una intromisión ilegítima del art. 7-6  LO 1/82. Que no afecte a la vida personal, privada o intima, no exime de la necesidad de contar con su consentimiento, pues se trata de un derecho autónomo, que no se desnaturaliza porque se patrimonialice, en la medida que la persona puede disponer de su propia imagen, ni por el hecho de que se realice con una finalidad que no implica deshonra a las personas afectadas; lo cual, se conecta con el tema indemnizatorio, en compensación de los daños y perjuicios ocasionados.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9-3 Ley O. 1/82 , de presunción de perjuicio, siempre que se acredite la intromisión ilegítima, y su valoración atendiendo a las circunstancias del caso, entidad de la lesión efectivamente producida, difusión producida, -al menos, en las piscinas municipales y durante 15 ó 20 días- que el Tribunal pondera, que se han dejado expuestas a lo largo de la argumentación expresada en esta resolución, se estima adecuada y equitativa la cantidad de 600 euros a cada uno de los actores.

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