Denegada la instalación de ascensor por suponer un gasto desproporcionado para algunos de los propietarios

La Audiencia Provincial Barcelona, en la Sentencia 282/2018, de 19 de Junio, denegó la petición de un propietario de condenar a la comunidad de propietarios a la instalación de un ascensor en el edificio.

A pesar de que el demandante no padece un impedimento absoluto para subir o bajar las escaleras, tiene 66 años y unos antecedentes médicos (infarto de miocardio, astenia, fatigabilidad, disnea, osteoporosis y artrosis en las rodillas) que fundamentan su petición. El informe del médico aportado con la demanda y ratificado en el juicio, pone de relieve que el dolor dificulta al actor subir y bajar escaleras y que el actor, por la cardiopatía, no debe realizar esfuerzos físicos. Por ello indica el uso de ascensor. Sin embargo, la Audiencia toma en consideración los recursos económicos de la comunidad para denegar la petición.

Integrada por ocho propietarios, solo dos de ellos están de acuerdo en instalar el ascensor. De los restantes, cuatro son jubilados, pensionistas, y un quinto está prejubilado,  con una pensión de 922 euros mensuales y vive con su esposa carece de ingresos.

La normativa relativa a los derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) y rehabilitación de edificios (Ley 8/2013, de 26 de junio) establece que las medidas que se adopten en estos ámbitos no pueden suponer «una carga desproporcionada». En concreto, la Ley 8/2013 considera desproporcionada una repercusión anual del coste de obras, descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, que exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. En el caso de autos, la cuota ordinaria de cada propietario para atender a los gastos comunes es de 25 euros mensuales inmueble (300 euros anuales). Y teniendo en cuenta el presupuesto aproximado para la instalación del ascensor, y aunque se percibieran ayudas públicas por el 50% del coste de la misma, se impondría a cada copropietario un gasto superior a 4.300 euros.

Por tanto, es evidente que la carga que supondría la estimación de la pretensión del propietario demandante resulta desproporcionada, máxime si se tiene en cuenta que el demandante es propietario de otra vivienda que cuenta con ascensor.

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