Condena a cesar en el uso de dos viviendas del edificio como pisos turísticos

Puede afirmarse como hecho notorio que el uso de los elementos comunes por ochocientas personas distintas en dos años ( dato ofrecido por el propio demandado ) evidentemente supone un uso anormal de las instalaciones comunitarias y aunque únicamente se expresase en términos de probabilidad la de producirse daños, o un inadecuado o mal uso de los elementos comunitarios es alta, si además a ello se añade que los usuarios carecen de cotitularidad sobre éstos de modo que de su reparación o reposición no les afectaría directamente en bienes de su propiedad, el cuidado empleado no puede equipararse al de los comuneros.

También puede afirmarse que el uso que se realiza de un inmueble turístico depende en gran medida, no del nivel adquisitivo del ocupante, si no de su grado de comprensión y adecuación de su comportamiento al nivel de respeto de la convivencia con resto de propietarios, ya que no se está contratando un servicio en un alojamiento especialmente preparado para ello donde cualquier alteración de la convivencia en modo de ruidos, daños o de cualquier otro modo se encuentra totalmente prevista de tal forma que es inmediatamente resuelta por el responsable. El empleo de los inmuebles integrantes en una comunidad de propietarios como turísticos conviviendo con quienes poseen en ella su vivienda habitual provoca necesariamente los conflictos generados por el desarrollo de una actividad mercantil en espacios no especialmente habilitados para ello.

Expuesto lo anterior, valorando las pruebas practicadas, ha quedado acreditado y así se declara que en el tiempo que se está desplegando la actividad los vecinos han venido reclamando del gestor al que la propietaria ha encomendado la explotación de los inmuebles, solventar las molestias que ocasionan los ocupantes del inmueble, tal y como consta de las actas de las juntas de propietarios de fechas 9 de mayo de 2016, 14 de diciembre de 2016 y 15 de mayo de 2017 (adjuntas como prueba documental al escrito de demanda), de cuyo contenido se extrae la preocupación por la seguridad de los propietarios por la entrega de llaves de acceso al portal en relación con la cantidad de ocupantes de los mismos, así como la necesidad de tener que acudir a la policía local por “la fiesta que organizaron unos extranjeros” a las cuatro de la madrugada, incidentes ocurridos el viernes 21 de marzo por la celebración de una fiesta de despedida, la utilización de la portería como bar de copas llenándola de desperdicios, igualmente por los ruidos a altas horas de la madrugada que manifiestan los propietarios de los pisos colindantes en concreto los pisos cuarto B, tercero D y quinto A.

Consta igualmente de los documentos presentados la denuncia presentada por los ruidos provocados por los apartamentos turísticos en fecha 27 de septiembre y 21 de octubre de 2017, así como de las pruebas testificales depuestas los daños ocasionados al ascensor por un uso indebido del mismo de los ocupantes de los referidos inmuebles ( corroborado por la prueba documental aportada consistente en el informe de servicio de la entidad Zardoya Otis S. A.).

Quien trabaja como portero en la comunidad actora desde el año 2006, advera las alteraciones de la convivencia que provocan los inmuebles tras afirmar que el bloque era muy tranquilo y “el movimiento entorpece a los inquilinos, tratan mal el edificio, están asustados, la convivencia no es tranquila ni de día ni de noche” con incidentes sobre llamadas a la puerta a las cinco de la mañana por equivocación, acceder al ascensor sin respetar el límite de peso permitido, alteraciones del descanso por el estado etílico de los ocupantes, daños en los elementos comunes ( ascensor que ha de pintar mensualmente por falta de cuidado con las maletas), ruidos en horario diurno, así como la gran cantidad de basura que se acumula en los mismos.

La definición de la RAE del término “molestia” comprende tres acepciones “1. f. Acción y efecto de molestar o molestarse. 2. f. Desazón originada de leve daño físico o falta de salud. 3. f.

Falta de comodidad o impedimento para el libre movimiento del cuerpo, originada por algo que lo oprime o lastima.”, aplicado a los hechos declarados probados, es evidente que la actividad que se desarrolla en el inmueble es molesta, en tanto que con carácter periódico se producen incidentes en la comunidad de propietarios, de mayor o menor trascendencia que alteran la normal convivencia y las expectativas que sobre el descanso y seguridad genera el uso de la vivienda habitual.

Aún cuando únicamente se produjesen ruidos en el inmueble el daño ocasionado a los vecinos no puede considerarse exclusivamente como molesto sino pernicioso, tal y como recuerda la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 29 de diciembre de 2009 afirmando al respecto que “conviene recordar como destaca la STC 16/2004, de 23 de febrero, siguiendo el criterio ya sentado en la STC 119/2001 , de 24 de mayo, que: “El ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (como por ejemplo deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas) ”

No es preciso, como afirma el demandado, que se hayan de producir con periodicidad que entrañe habitualidad, ya que dependerá del comportamiento imprevisible de quien en cada momento ocupe el inmueble, sin que el hecho que “se oferten como pisos de lujo, seleccionando cuidadosamente los inquilinos, la mayoría extranjeros y nunca menores de 32 años” tal y como manifestó D. Cosme en la Junta de propietarios de fecha 9 de mayo de 2016 ( punto tercero de la referida ) y en la prueba testifical que depuso en el acto del juicio, varíe lo expuesto ni presuponga un comportamiento correcto de todos los ocupantes, máxime cuando no se ha aportado al proceso copia de los contratos concertados ni acceso a la oferta pública de los inmuebles que corrobore lo afirmado.

Por último se ha afirmado que la actividad es peligrosa, y volviendo a la definición de la RAE de peligro como ” Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal.”, el uso común continuo por personas desconocidas de los espacios comunes de acceso a la propia vivienda lo entraña al obligar a los comuneros a acceder a un espacio cerrado con desconocidos como paso inexorable para acceder a sus viviendas, con la inseguridad que provoca tal situación fundamentalmente en las familias.

Por último y respecto de la existencia de otros dos inmuebles que igualmente están siendo explotados como turísticos en el mismo edificio, ha quedado demostrado de la totalidad de las pruebas testificales depuestas su existencia, pero carece de trascendencia a los efectos de la resolución de la presente en tanto que la decisión sobre el ejercicio de la acción es soberana y únicamente podría afectar a la resolución de haber habido una situación generalizada en la comunidad, consentida por ésta o una autorización expresa de la misma, circunstancias éstas que no concurren en la presente litis.

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