El asegurado no incumple el deber de veracidad por no declarar que era consumidor habitual de drogas si no fue preguntado sobre ello

El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en la Sentencia núm. 562/2018, 10 de octubre conoció de un asunto en el que el asegurado reclamaba a la aseguradora el pago de la indemnización que correspondía por habérsele reconocido una invalidez permanente absoluta para todo trabajo, cubierta por el seguro de vida concertado. En primera y en segunda instancia fue desestimada la demanda, pero ahora el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación que interpuso el asegurado, condenando a la compañía de seguros a pagar la indemnización que se le estaba reclamando, tras considerar que el recurrente no ha incumplido su deber de declaración del riesgo.

La exención de responsabilidad que alegaba la aseguradora por incumplimiento de este deber de declaración el riesgo se basa en los informes médicos que indicaban que, al tiempo de suscribirse la póliza, el asegurado consumía estupefacientes y que esto fue ocultado al rellenar el cuestionario de salud.

El Supremo señala que no hubo ocultación maliciosa por parte del demandante de su consumo porque el cuestionario de salud no tenía ninguna pregunta expresa sobre dicha adicción, por lo que no puede exonerarse al asegurador de las consecuencias que debe soportar por la presentación de un cuestionario nada preciso sobre el consumo de drogas y sus efectos en la salud y reprochar al asegurado no haber declarado un riesgo relativo a algo sobre lo que no se le preguntó y cuyos efectos en su salud tampoco tenía por qué conocer, dada la ausencia de patología o sintomatología derivada del dicho consumo en el momento de suscribir la póliza. Sí se le preguntó sobre el consumo de alcohol, era exigible a la aseguradora la misma diligencia a la hora de preguntarle sobre otras adicciones, y al no hacerlo es admisible que la aseguradora descargue sobre el asegurado las consecuencias de su propia desatención en la redacción o contenido del cuestionario.

Absolver a la aseguradora del pago de la indemnización reclamada supondría desconocer la doctrina jurisprudencial que configura el deber de declaración del riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que deben recaer las consecuencias de un cuestionario incompleto, ambiguo o poco claro.

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