Responsabilidad de la Administración por la muerte de una paciente que fue trasladada a un hospital sin los medios necesarios para su tratamiento

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

La jurisprudencia partiendo de estos parámetros normativos se ha consolidado en la exigencia de entender que tal responsabilidad es de carácter objetivo y directo y para que surja el reconocimiento de la misma, se exige, además de la interposición conforme al oportuno plazo procesal, que concurran una serie de requisitos que pueden sintetizarse en los siguientes:

1) hecho imputable a la Administración,

2) lesión o perjuicio antijurídico, efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas,

3) relación de causalidad entre hecho y lesión, y

4) que no concurra fuerza mayor.

Junto a lo anterior, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de incidir en la importancia de la lex artis, como parámetro trascendental para evaluar la eventual responsabilidad de la administración en el ámbito del servicio sanitario y así se ha podido llegar a decir, con profusa cita jurisprudencial, que “la observancia o inobservancia de la lex artis ad hoc es, en el ámbito específico de la responsabilidad patrimonial por actuaciones sanitarias, el criterio que determina, precisamente, la ausencia o existencia de tal responsabilidad de la Administración“.

Incontrovertida en el caso que nos ocupa la concurrencia de los presupuestos determinantes para el alumbramiento de tal responsabilidad patrimonial, el debate entre las partes que conoció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, en la Sentencia 11 Julio 2017, se ciñe a la entidad del perjuicio derivado causalmente del funcionamiento de la administración, y consecuentemente a la cuantificación económica de aquel, toda vez que no es discutido que la paciente padeció un proceso asistencial irregular tras el accidente de tráfico que sufrió, lo cual, en mayor o menor medida, supuso un retraso en la intervención quirúrgica que le resultó finalmente practicada en la misma fecha.

Adverado que la resolución administrativa impugnada sólo tuvo en cuenta como relevante al caso “el error en la solicitud de transporte secundario” puesto que tras aterrizar el helicóptero medicalizado en el Hospital La Fe de Valencia, fue llevada la paciente al servicio de urgencias de tal Hospital y no al Hospital General Universitario de Valencia el cual resultaba indicado; sostuvo la demanda que ha de considerarse no sólo tal extremo expresamente reconocido por la administración cuanto el global proceso asistencial desplegado desde el siniestro, en el que se constata una pérdida de oportunidad de la paciente.

Esquematizado así el debate surgido entre las partes, se adelanta que es asumible parcialmente la perspectiva de la demanda formulada en cuanto reprocha, además del error reconocido por la propia administración, una sucesión de errores con especial relevancia.

Por lo demás trata de justificar la administración la conducta asistencial desplegada sobre la base de considerar que “siendo que el servicio de helicóptero medicalizado que cubre la zona, comenzaba a las 9.00 am. habiéndose producido el accidente a las 7.45 ” la decisión de haber trasladado a la paciente al Hospital Virgen de Los Lirios de la localidad de Alcoy puede reputarse como adecuada, mas no alcanza la Sala a comprender tal alegación, una vez constatada la gravedad del traumatismo craneoencefálico en cuestión y ello sin siquiera discutirse que el Hospital General Universitario de Alicante, al cual pudo ser trasladada la paciente por uno u otro medio, contase con el servicio asistencial pertinente al efecto (de neurocirugía).

Finalmente, la Sala acordó el incremento de las cantidades reconocidas inicialmente por la Administración en concepto de indemnización, en un total de 70.000 €, con los intereses legales que correspondan desde el día siguiente a la interposición de la reclamación administrativa interpuesta.

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